3000 AÑOS DE AGRICULTURA, 20 AÑOS DE BASURA: Una Mirada crítica desde la Educomunicación para la Liberación.

Introducción

Las comunidades rurales que viven alrededor de la Zona Industrial de Quito y del Relleno Sanitario de El Inga han enfrentado, por más de dos décadas, una serie de vulneraciones profundas a sus derechos colectivos. Estas afectaciones no solo responden a la lógica centro –periferia que marca históricamente la relación política entre la ciudad y el campo (Solíz, 2017), sino también involucra decisiones institucionales que desconocen la interculturalidad, la sabiduría local y la relación respetuosa que los pueblos mantienen con su territorio milenario y la naturaleza.

Las más de 2000 toneladas diarias de basura que Quito entierra en su “patio trasero” no son un problema técnico aislado: desnuda el modelo de desarrollo que el Municipio de Quito lidera, privilegiando el consumo urbano para depositar sus impactos en las comunidades rurales, sin consulta previa, sin información suficiente y sin garantizar su participación real. Ampliando la zona industrial con un nuevo Complejo Ambiental, otro nombre para el mismo relleno sanitario que cruzará - por un puente - a el doble de hectáreas.

Este artículo analiza estas vulneraciones desde una perspectiva histórica y comunitaria, articulando una propuesta de educomunicación para la liberación (Paulo Freire): una herramienta que devuelve la voz a quienes la han perdido, reconstruye organización y permite enfrentar las desigualdades estructurales.

Breve historia de un conflicto socioambiental

Las primeras resistencias (1992–2002).- En 1992 el Alcalde Rodrigo Paz intentó ubicar el primer relleno en la zona de El Cabuyal, San Antonio de Pichincha aproximadamente a 9 kilómetros del monumento a la Mitad del Mundo, este estudio procuraba una vida útil de 50 años, sin embargo, no se ejecutó por la oposición de los moradores del sector. Otro intento en el año 2000, la Empresa Municipal de Aseo EMASEO, contrató estudios a la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL que determinó Oyacoto, en la Parroquia de Calderón, sector Jalonguilla como otro posible relleno sanitario. En este lugar, a pesar de haber contado con la aprobación del Consejo Metropolitano, las comunidades y comunas indígenas de Llano Grande, La Capilla, Oyacoto, Ñaupa Carapungo nuevamente se levantaron. Marcharon en abril y mayo de 2002 en contra de dos tipos de impacto: ambiental y socio cultural. (Gallardo, 2006).

La emergencia sanitaria que impuso El Inga (2003).- Tras declarar desierto el proceso de licitación pública internacional para la operación del Relleno Sanitario en Jalonguilla que contaba con estudios, se forzó una decisión sin consulta previa a las comunidades de El Inga, el 14 de agosto de 2002 un municipio en aprietos solicita al Gobierno Nacional declare a la capital en Estado de Emergencia Sanitaria (Gallardo, 2006).

La militarización de la zona fue un hecho que consumó el destino final para el Relleno Sanitario de Quito, por sobre la oposición local; la muerte de un joven comunero frenó la resistencia y la inmediata gestión política dividió en los dirigentes de la zona que involucra a tres parroquias rurales: La Merced, Pintag y Pifo. Con una promesa fallida de acompañamiento en el desarrollo local y el estiramiento prolongado de la vida útil del Relleno Sanitario.

A partir del 2003 el proceso prolongado ha estado marcado por:

• División dirigencial inducida,

• Promesas incumplidas de compensación,

• Debilitamiento de la participación comunitaria,

• Instalación de un modelo de gestión que privilegia el transporte y enterramiento, no la educación ni la reducción en la fuente.

Las comunidades pasaron a ser clasificadas como territorios “vacíos” u “opositores”, ignorando su historia ancestral ligada a la cultura Inga y su dependencia vital de la tierra y el agua (canales de riego), su vida históricamente ha estado vinculado al desarrollo formativo y regional del Ecuador y Latinoamérica (Pazos, 2010).

Vulneración de derechos colectivos

La instalación, operación y ampliación progresiva de la Zona Industrial y del Relleno Sanitario de El Inga siguen produciendo vulneraciones sistemáticas:

Derecho a la consulta previa.- Las decisiones sobre el destino final de los residuos se tomaron sin consulta libre e informada, pese a afectar directamente a comunidades ancestrales y campesinas. Este derecho no es solo un procedimiento; es el reconocimiento de la autodeterminación territorial.

Derecho a un ambiente sano.- Se sigue evaluando la contaminación por lixiviados y desbordes hacia el río Inga; Polvo, micro plástico, malos olores, ruido y tráfico pesado; y el riesgos para la salud humana que ello significa, junto a la pérdida de actividades productivas.

Derecho al territorio y a los modos de vida.- El modelo urbano-industrial ha presionado a estas comunidades hacia la fragmentación cultural, la pérdida de su vocación agrícola y el deterioro del tejido social.

Derecho a la participación y la información.- A lo largo de 20 años, las comunidades han recibido información parcial, tardía o técnica sin traducción cultural, lo que impide la participación efectiva.

Compensaciones fallidas y acuerdos incumplidos.- El Acuerdo de Compromiso de 2011 entre EMGIRS y cuatro barrios creó un fondo de compensación atado al volumen de basura, lo cual es contradictorio con una política de reducción de residuos. Además: No existe evaluación del fondo; el Plan de Desarrollo Sostenible no se ejecutó, Centro de Desarrollo Comunitario en La Cocha, La Merced, está abandonado; y, la participación fue reducida a la firma con pocos dirigentes, desplazando a la institucionalidad parroquial. (Gobiernos Autónomos)

Educomunicación para la liberación: una propuesta transformadora

Ante este escenario, las comunidades necesitan herramientas para comprender, dialogar y decidir sobre su territorio. La educomunicación — inspirada en Freire, Kaplún y la tradición latinoamericana — permite:

• Generar pensamiento crítico,

• Fortalecer identidad y memoria territorial,

• Recuperar la organización comunitaria,

• Traducir el lenguaje técnico al lenguaje popular,

• Visibilizar narrativas propias frente al discurso oficial.

Y por sobre este análisis y consideraciones, CREANDINO y la Alianza Basura Cero Ecuador ABCE trabajan en estructurar una propuesta de educomunicación con aportes metodológicos desde una pedagogía de la liberación para que las comunidades que han perdido su capacidad organizativa, recuperen su voz, conozcan sus derechos y retomen una participación ciudadana autónoma, reconfigurando su desarrollo cognitivo (Damásio, 2010).

Mama Luca: una defensora educomunicadora.- Desde el imaginario popular y el realismo mágico, Creandino da vida a un puppet, un personaje títere inspirado en la Tía Lucrecia Atahualpa, comunera y comunicadora que, desde el Ilaló, relata la historia de las comunidades afectadas. Su rol es: Facilitar el diálogo intercultural; fortalecer la defensa de derechos campesinos popularizando la Declaratoria de las Naciones Unidas UNDROP; y romper el miedo a hablar frente al poder institucional.

Tanto la educomunicación como la interculturalidad son dos epistemologías con interés local sobre las que buscaremos establecer un dialogo desde las culturas; incluyendo la cultura del consumo, la cultura del conflicto que está institucionalizado en las comunidades (Pérez, 2021), motivado por la compensación y mal manejo de los desechos sólidos.  Provocando la anulación de la participación y objetivación clientelar de los sujetos sociales (dirigentes); algunos indicadores del ecologismo popular (Solíz, 2017).

Hacia una gobernanza comunitaria del territorio

Para avanzar hacia una justicia social, ecológica y cultural, en esta coyuntura nacional que ha ratificado la vigencia de la Constitución 2008, garantista de derechos, se debe marcar una ruta para: Reconocer la memoria milenaria Inga del territorio; garantizar participación real desde los gobiernos parroquiales y comunas; crear mecanismos técnicos y comunitarios de control ambiental; revisar las compensaciones y el modelo de gestión de residuos; y, democratizar la información y el debate público.

Las comunidades no son “vacías”: son territorios llenos de historias, saberes y relaciones culturales que deben orientar cualquier intervención institucional.

Conclusiones

• El conflicto del Relleno Sanitario El Inga revela un patrón histórico de exclusión rural.

• Las vulneraciones de derechos colectivos han sido múltiples y acumulativas durante más de 20 años.

• Los modelos de industrialización, privatización y desinformación profundizan la desigualdad entre centro y periferia.

• La educomunicación para la liberación surge como una herramienta fundamental para reconstruir organización, recuperar la voz comunitaria y promover una participación consciente.

• Coyunturalmente el debate de la tasa de recolección puede democratizar la gestión de la basura; significa, distribuir responsabilidades, exigir transparencia y reconocer que la ruralidad merece justicia socioambiental.

BIBLIOGRAFÍA

- Gallardo, Gilda. EVALUACIÓN TECNICA, SOCIO AMBIENTAL Y ECONÓMICA DEL RELLENO SANITARIO INGA BAJO. Universidad San francisco de Quito. Junio 2006.

- Pazos, Julio. El sabor de la memoria: historia de la cocina quiteña. Fonsal. Quito. 2010

- Damasio, Antonio. Y EL CEREBRO CREÓ AL HOMBRE. Ediciones Destino. Barcelo. 2010

- Pérez, Fernando. Educomunicación e interculturalidad a partir de la gestión educativa con la radio. Universitas. 2021.

- Solíz, Fernanda. Ecología política de la basura. Pensando los residuos desde el Sur. UASB. Quito, 2017

- Aparicio, Marco. Estado, organización territorial y constitucionalismo plurinacional en Ecuador y Bolivia. ¿Una década ganada? 2018

- Vía Campesina. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. Resolución aprobada por la Asamblea General ONU. 17 diciembre 2018.

Investigación y propuesta educomunicativa presentada en el pleno del Gobierno Parroquial de La Merced el 16 de junio de 2025.